Las personas directamente interesadas, homosexuales, sus familias y personas que abogan por el derecho de las minorías buscan que ésta se apruebe, mientras que los más conservadores temen que con ella se atente contra la familia y contra el matrimonio mismo por lo que consideran que sería negativo que una iniciativa así se aprobara.
Frente a este último argumento, a mi me surgen varias dudas ¿cómo podría afectar directamente al matrimonio heterosexual que dos personas del mismo sexo tengan una serie de garantías, o que dos personas que viven juntas y que no son pareja cuenten con un respaldo legal?. Entiendo que el argumento es que de manera “natural” el matrimonio debe ser entre personas de distinto sexo y que, por eso, equiparar a una pareja de personas del mismo sexo con ésta institución no parece operante. Pero en realidad la sociedad de convivencia no es un matrimonio, ni tampoco es exclusivo para homosexuales. Es un contrato entre dos personas, independientemente de su sexo, que acuerdan apoyarse en la tutela, alimentación y sucesión.
Eso quiere decir que si dos ancianas viven juntas de común acuerdo y comparten una propiedad, cuando uno de ellas muera la otra podrá reclamar la casa. O que si una de las dos personas en el contrato, enferma, la otra tiene autoridad para tomar decisiones sobre su salud, como hacerse responsable en una intervención quirúrgica. Y también, quiere decir, que si dos personas del mismo sexo, que son pareja, quieren vivir juntas y desean contar con garantías de alimentación, patrimoniales y de sucesión pueden hacerlo. Pero no sólo ellas, ni tampoco son declarados marido o mujer, ni juran amarse y respetarse ante la ley, eso ya es asunto personal; parte de su vida privada.
Que no estén conformados legalmente como una unidad, no significa que las parejas homosexuales no existan ni que haya grupos de personas que no son parientes y que viven juntas. Lo que sí significa, es que con frecuencia se enfrentan a una serie de complicaciones innecesarias y que por no cumplir con un modelo tradicional de convivencia, ven reducidas sus garantías como individuos, homosexuales o heterosexuales.
Quien tiene dentro de sus planes formar una pareja con alguien del sexo opuesto, casarse por lo civil, con una ceremonia religiosa y luego tener hijos, no lo va a dejar de hacer porque otras personas tengan garantías aún cuando vivan en situaciones diferentes. Y quienes son del mismo sexo y deciden vivir en pareja, tampoco lo van a dejar de hacer porque el resto no lo apruebe.
Negar lo que ya existe muchas veces sólo deja a más gente desprotegida. Déjeme le pongo un ejemplo de un caso distinto, pero que igual habla de la negación de la realidad y la desprotección.
En Chile estuvo prohibido el divorcio hasta hace muy poco que se tomó la opción de permitirlo siempre y cuando quedara estipulado en el contrato inicial. Es decir que ahora, el día que usted se casa le preguntan “¿lo quiere con opción de divorcio o no?”, una pregunta un poco incómoda cuando está firmando que se une a la persona que ama y tiene toda la ilusión de que la relación dure. Eso no significó que la gente no se separara y se volviera a casar. Lo único que había que hacer era decir que alguna declaración —como la dirección de uno de los testigos— era falsa y el matrimonio quedaba anulado. Al quedar anulado, los hijos de esa unión pasaban a ser “naturales” y al haber sido concebidos fuera del matrimonio, no gozaban de los mismos derechos que los demás niños o que los hijos del padre o la madre con su nueva pareja. La cantidad de parejas separadas en Chile es enorme y, con ello, la cantidad de hijos desprotegidos durante todo este tiempo también.Las cosas no dejan de pasar cuando se niegan.
Y además, ¿quién tiene la autoridad suficiente para decidir si las personas se tienen que seguir amando cuando ya no lo hacen o tienen que sentirse atraídos por otras personas, o negar su sexualidad, o adaptarse a un sólo modelo?
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